El decano de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó la Secretaría de Seguridad creada por su antecesor Guillermo Lasso y mandó a la Corte Constitucional un proyecto para convocar a una consulta popular a realizarse en marzo próximo con el objeto de validar la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el lucha contra las bandas criminales.
La decisión de eliminar la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado (SNSPE) se conoció poco después del anuncio de la lista de preguntas que el Gobierno pretende que la ciudadanía responda, casi todas ellas vinculadas a políticas de seguridad y al ámbito judicial.
Noboa informó su decisión luego de designar al frente del organismo a Arturo Félix Wong, persona de su círculo cercano, con el expreso objetivo de que el oficial asumirá para llevar a cabo la disolución de la SNSPE.
En paralelo, el Gobierno mandó al máximo tribunal constitucional para su revisión un total de 11 preguntas, la primera de las cuales inquiere sobre la posibilidad de que “las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional”.
El cuestionario agrega una segunda pregunta, en donde se pide opinión sobre la posibilidad de que “las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social”.
"¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal?", agrega la tercera.
Otras preguntas están relacionadas con aumentos de las penas para ciertos delitos, además de pedir opinión sobre proyecto de ley que en caso de ser aprobado impediría la excarcelación anticipada de presos con condenas. La consulta, además, propone la evaluación de los oficials del Poder Judicial y la realización de auditorías de sus declaraciones patrimoniales.
La única pregunta incluida en el texto enviado al tribunal y que no está relacionadas con temas de seguridad y justicia inquiere sobre la posibilidad de que se permita el funcionamiento de casinos o negocios dedicados a la realización de juegos de azar en el país.
(Con información de agencias)
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