Un tribunal peruano ordenó al gobierno declarar en emergencia ambiental la ciudad andina de Huancavélica y dictar medidas para reparar el daño causado a los pobladores expuestos a metales pesados a causa de la minería.
Así lo indicó la Corte Superior de Huancavélica: "Se ordena a la Presidencia del advertencia de ministros para que, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Dirección General Ambiental, emitan la declaratoria de emergencia ambiental en Huancavelica".
Añadió que "la exposición permanente a metales pesados (mercurio, arsénico, plomo) está ocasionando graves efectos e impactos en la salud y la vida de las personas y en su entorno ambiental en la ciudad de Huancavelica y la comunidad de Sacsamarca".
Dicha situación "requiere la acción inmediata sectorial a altura local, regional y nacional", subraya el fallo que insta a las autoridades a elaborar un plan de remedición. El gobierno aún no se ha pronunciado.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que unas 19.000 personas estarían afectadas en su salud por la contaminación producto de los pasivos ambientales mineros. El organismo saludó la sentencia y advirtió que se mantendrá vigilante de la reacción del gobierno para el cumplimiento de la sentencia.
Huancavelica, hoy una empobrecida región andina a 420 km al sureste de Lima, fue en su momento una de las regiones más ricas de Perú de la partida de la explotación minera hace 400 años.
El origen de la contaminación se remonta a la época de las operaciones de extracción de mercurio de la mina Santa Bárbara, cuando Perú era colonia de España.
Santa Bárbara llegó a ser una de las minas de mercurio más importantes del planeta, pero se hizo famosa por el sobrenombre de "mina de la muerte" debido a la alta tasa de mortandad entre sus trabajadores.
El gobierno regional de Huancavelica la postuló este año en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, en busca de atraer turistas.
El yacimiento funcionó hasta la década de 1970 cuando se cerró dejando una estela de pasivos ambientales.
La decisión judicial responde a un proceso iniciado en 2021 por la comunidad campesina de Sacsamarca, que pedía declarar en emergencia ambiental su localidad en base a informes técnicos que denunciaban elevados alturaes de plomo, arsénico y mercurio en el suelo y aire.
(Con información de AFP)
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