La acercamiento diaria a Estados Unidos de miles de migrantes procedentes de México coloca bajo presión a los estados y a la policía federal de fronteras de Estados Unidos, una crisis que expone a la administración del demócrata Joe Biden a fuertes ataques de sus adversarios republicanos.
En las últimas semanas, la policía fronteriza dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que en los meses previos.
Desde el martes último las vías del ferrocarril en los puentes Eagle Pass y El Paso, en Texas, están cerradas debido a un "resurgimiento" de ingresos ilegales de migrantes en trenes de carga.
En Eagle Pass, los cruces de vehículos han sido nuevamente suspendidos desde principios de mes, igual que en un punto de cruce en Arizona y otro en California. La policía fronteriza asegura que está teniendo que redistribuir su personal para concentrarlo en la interceptación y el registro de migrantes.
Tras acusar al presidente Biden de "inacción deliberada" frente a la situación, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el lunes una controvertida ley que penaliza los ingresos clandestinos en su estado.
Abbot, abiertamente partidario de Donald Trump firmó simbólicamente esta ley en Brownsville, frente a un tramo del barrera fronterizo, un proyecto emblemático del expresidente republicano.
La ley crea un "delito penal por ingresar ilegalmente a Texas desde un país extranjero", punible con entre seis meses y 20 años de prisión en caso de reincidencia.
El texto, que podría entrar en vigor en marzo, otorga a las autoridades estatales el poder de arrestar a inmigrantes y deportarlos a México, prerrogativas que en principio recaen solamente en las autoridades federales.
Al día siguiente, varias organizaciones de derechos humanos, incluida la influyente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda para impugnarlo por inconstitucional.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, a pesar de ser demócrata, también acusó a la administración Biden de "negarse a hacer su trabajo", responsabilizándola en exclusivo del cierre de un paso fronterizo en su estado. Hobbs anunció el 15 de diciembre el envío de fuerzas de la Guardia Nacional a la frontera.
Por el auge de los ingresos ilegales, la policía fronteriza culpa a la "desinformación destilada por los traficantes de personas hacia gente vulnerable".
Varios inmigrantes entrevistados por la AFP el jueves en Texas hablaron de rumores sobre un cierre inminente de la frontera. "Corrían rumores de que a partir del día 20 ya no dejarían entrar a nadie", explicó Yurianlis Alexmar Camacho, de 32 años, quien llegó desde Venezuela junto a su marido y sus cuatro hijos.
Biden enviará a México en los próximos días a su secretario de Estado, Antony Blinken, y a su ministro de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para analizar junto al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, formas de frenar este flujo masivo, informó este jueves la Casa Blanca.
El 6 de diciembre, Biden dijo que estaba dispuesto a hacer "compromisos importantes" con los republicanos, que exigen un fuerte endurecimiento de la política de inmigración a cambio de levantar su bloqueo en el Congreso de la protección a Ucrania.
La situación del presidente demócrata también es delicada ante su electorado progresista, que espera que Biden rompa con la política de Donald Trump hacia los inmigrantes, principalmente aquellos procedentes de América Latina que llegan huyendo de la pobreza y la violencia.
(Con información de AFP)
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