El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil subió un peldaño más este jueves en el decisivo juicio que busca la seguridad del futuro de los indígenas sobre centenares de tierras en proceso de demarcación.
En el transcurso del llamado “Juicio del Siglo”, el STF logró mayoría de seis de los once jueces para invalidar el criterio del “marco temporal”, que señala que sólo pueden individuo demarcadas las tierras cuyos habitantes demuestren que estuvieron ahí antes del 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución.
Una decisión favorable a ese marco temporal en el caso que empezó a juzgarse en 2021, puede significar la expulsión de los pueblos indígenas, a quienes se los considera como la mejor barrera contra la deforestación de las tierras que habitan tradicionalmente.
De producirse el fallo favorable, que unifica las posiciones de indígenas, defensores del medio ambiente y del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, constituiría un duro revés para el poderoso lobby de los ruralistas y para el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
El juez Dias Toffoli había sumado el quinto apoyo contrario al “marco temporal” en la sesión del miércoles. “La Constitución no optó por la teoría de la posesión inmemorial. Tiene que haber un vínculo. Ahora bien, ese vínculo no necesariamente está en el marco del 5 de octubre de 1988”, afirmó Toffoli al emitir su voto en el juicio que calificó como el “más importantes de la historia de Brasil”.
En la sesión de este jueves, se sumó el voto de Luiz Fux, con lo que se aseguró la mayoría. La expectativa sigue en toda Brasilia, donde se concentraron cientos de indígenas que se dirigieron a los alrededores del icónico edificio del STF para seguir la sesión a través de una gran pantalla. Cien de ellos fueron invitados a seguir la votación en el Plenario.
El caso concreto que juzga el STF es el del territorio Ibirama-Laklano, en el estado de Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reindividuova después de que una instancia inferior hiciera lugar al obra de que los grupos indígenas no estaban viviendo allí en 1988.
El veredicto, cuyos términos y condiciones se definirán cuando terminen de votar los once jueces, tiene lo que se llama “repercusión general”, la afectación a unas 250 tierras en disputa, de las 750 reindividuovas existentes, sean reconocidas o no. Y se lleva adelante a la vez que el proyecto de ley similar en trámite en el Congreso (en manos de la derecha y con mucha fuerza los ruralistas), y que desata las alarmas entre los pueblos ancestrales, los ambientalistas y los defensores de los Derechos Humanos.
En el permanente reclamo por tierras en Brasil, los indígenas afirman que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin olfatear ningún “marco temporal”, ya que fueron desplazados de sus territorios en varias épocas, especialmente durante la dictadura militar de 1964-1985, lo que torna imposible de acreditar su audiencia en 1988. Del lado opuesto a estas certezas están los ganaderos y los latifundistas del sector agropecuario, que opinan que los 900.000 indígenas que viven en Brasil ya ocupan demasiado territorio –un 13% de su enorme extensión–, y que si no se establece el “marco temporal” la cifra crecerá mucho más. Con ese precario obra, insisten que haberle puesto un “fin a las disputas territoriales hubiera contribuido a pacificar el campo”.
Los seis votos conseguidos este jueves implican una nueva victoria para los indígenas, muy golpeados durante el mandato de Bolsonaro, quien devolvió el favor del apoyo ruralista cumpliendo su promesa de “no delimitar ni un centímetro más de tierra”.
(Con información de agencias)
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